La crisis social y política española del 2008

 

La crisis económica que comienza en 2008 supone para España una desestabilización social por la creciente desigualdad que provoca. Posicionándose en el segundo lugar después de Letonia como país con mayor desigualdad social de los veintisiete estados miembros de la Unión Europea. 

Como hemos mencionado anteriormente la crisis económica, comenzó en 2008. Hasta entonces, España atravesaba un ciclo de crecimiento económico que comenzó en 1994 y que había permitido una expansión de las empresas españolas al mercado internacional. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a partir del año 2004, había logrado que la deuda pública se mantuviera a niveles inferiores del 40% del Producto Interior Bruto (PIB), muy por debajo de la media europea, que el paro bajara del 10% y que se obtuviera el primer superávit fiscal de la etapa democrática.

Una crisis financiera no programada se originó fuera del país. La burbuja inmobiliaria sobre el sector financiero internacional se produjo en Estados Unidos y pocos meses más tarde esta recesión empieza a afectar a Europa, toda la zona euro.

En España, los efectos de la crisis económica se dieron con mayor ímpetu durante el año 2010.

El gran impacto de la crisis en Europa, se percibió como una sorpresa para la sociedad española. 

El presidente del Gobierno, Zapatero adopta junto a su gobierno (el PSOE) las siguientes medidas durante los años 2008 y 2009 que se encaminaron a transmitir confianza en la sociedad para superar la situación económica y suavizar el impacto de la recesión. 

Zapatero decidió aplicar una política económica basada en la expansión del gasto público, en especial del gasto social. Sin embargo, a partir del año 2010, el Gobierno español se sintió obligado a promover medidas que contradecían radicalmente el discurso socialdemócrata anterior. Investigación, Sanidad y Educación, tres sectores que gozaban de una consideración unánime por parte de la ciudadanía, fueron blanco de las medidas de ajuste económico.

El presidente abandonó sus políticas que consistían en inyectar dinero público para promover el crecimiento de la economía, y lo sustituyó por otro discurso que evitara que los mercados limitaran a la sobre endeudada economía española. 

Por ello se aplicaron una serie de reformas, como la laboral o las pensiones, que fueron consideradas por los españoles como una grave limitación de sus derechos. Por otra parte, se implantaron medidas económicas de urgencia y se emprendieron reformas encaminadas a la revisión del modelo de crecimiento económico adoptado en sectores como el turismo y la construcción. 

Tras sucesivos recortes y reformas estructurales, la economía tocó fondo, la deuda pública y el paro alcanzaron niveles nunca vistos, y la desigualdad social y la pobreza se dispararon. El PSOE experimentó una fuerte caída en cuanto al voto, y la desconfianza de los líderes políticos socialistas aumentó de forma exponencial. 

La pérdida de credibilidad de Zapatero incentivó la percepción positiva del líder de la oposición, Mariano Rajoy (el líder del Partido Popular (PP)), quien en 2011 ganó las elecciones por mayoría absoluta, aunque con un alto porcentaje de desconfianza ciudadana. Rajoy llegó al Gobierno con unas expectativas muy altas, pero el desgaste que supusieron las medidas estabilizadoras no contempladas en el programa político con el que concurrió a las elecciones, significó para su gobierno un duro golpe ante la opinión pública.

En el año 2013, el panorama era desolador, con un enorme deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía española y todo parecía indicar que esta situación no mejoraría significativamente en los próximos meses e incluso años. El agravamiento de la crisis evidenció la profunda contradicción que presentaba el discurso jurídico y político de los derechos sociales.